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Columna de Jorge Villazón en diario Punto Uno.

El 24 de marzo de 1976, a la madrugada, el país se enteraba que volviamos a estar bajo un régimen militar que tomaba el gobierno de manera fáctica y ordenaba la persecusión de miles de argentinos para comenzar la cacería humana más siniestra en la historia de nuestra Patria.

Cuarenta y dos años después, cuando parecía irreversible la tendencia a volver a aquellos tiempos en que la libertad de los argentinos pendía de la decisión arbitraria del Poder de turno, también en la madrugada, nos enteramos que los jueces actuantes disponían la excarcelación de Carlos Zannini y de Luis D’Elía en la causa de la denuncia acerca del Memorandun con Irán que alguna vez había iniciado el ex fiscal Alberto Nisman. Por otra parte, para nada menor, se caía el oprobioso pedido de desafuero por la misma causa, para meterla presa, contra Cristina en el Senado de la Nación. Luego de que la fiscal Gabriela Baigún dictaminara el viernes que ambos debían ser liberados, los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Número 8 se reunieron y tras deliberar durante varias horas tomaron su decisión poco después de las cuatro de la mañana del sábado 24. La resolución que ordena la liberación del ex secretario de Legal y Técnica y del dirigente social fue firmada por las juezas Sabrina Namer y Gabriela Lopez Iñíguez. Nicolás Toselli, el tercer miembro del tribunal, se excusó de intervenir porque es familiar de uno de los testigos de la causa. En el caso de Zannini, Baigún sostuvo que "la calidad de ex secretario de Legal y Técnica del encausado no resulta, por sí misma, un dato del que pueda extraerse indicio alguno de peligro procesal dado que el nombrado ya no posee vinculación alguna con la oficina que otrora ocupara, como así tampoco con ninguna otra del Poder Ejecutivo Nacional. Mal puede decirse, entonces, que detenta poder residual de influencia que le permitiría obstaculizar la marcha del proceso". La fiscal destacó además que Zannini siempre "ha estado a derecho", y que “el delito que se le imputa es excarcelable”. ¡Téngase presente este último párrafo!.


Está libre por no ser parte del Gobierno Nacional actual y, nada menos que, además, el delito imputado es excarcelable.


Aquí aparece, reiterada, hasta el hartazgo, la condición de no ser funcionario nacional para no poder entorpecer la causa por no “detentar poder residual”. Si damos vuelta este criterio quedaría claro que los miembros del Poder Ejecutivo Nacional actual sí tienen esas posibilidades y esos poderes. ¿El Poder Judicial se hace cargo de esto último?. En el dictamen referido a la situación puntual de D´Elía, Baigún sostuvo que el dirigente social y ex secretario de Tierra y Vivienda "no posee ningún nexo con el gobierno actual, por lo que no puede inferirse por su parte poder de influencia alguno, ni acceso a ninguna clase de documentación oficial". Nuevamente lo mismo. Es válido señalar que la fiscal sostuvo que “además, no hay motivos para que Zannini y D'Elía reciban un tratamiento distinto al que reciben el ex presidente Carlos Menem y el ex juez Juan José Galeano, entre otros, quienes están siendo juzgados en otro juicio de encubrimiento del atentado a la AMIA, al que llegaron en libertad”. ¿Qué tal? El pasado 7 de diciembre hace ya más de tres meses, el juez Claudio Bonadio había ordenado la prisión preventiva de Zannini y D'Elia, además del ex líder de Quebracho Fernando Esteche y de Jorge Khalil, de la comunidad islámica. En ese momento Bonadio sostuvo que todos ellos debían ser juzgados por "encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional". ¡Justo él hablando de abuso de autoridad!. Esas descalificaciones de Bonadio también le caben al ex canciller Héctor Timerman -excarcelado por razones de salud-, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex segundo de la AFI Juan Martín Mena y el diputado Andrés Larroque. Quizá más temprano que tarde “y en una hermosa plaza liberada/me detendré a llorar por los ausentes”. ¡Por otro 24 de marzo sin presos políticos!